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Año VIIINúmero 381
04 DICIEMBRE 2024

El cazador cazado

Se suele decir que para poder defender unos principios basados en lo moralmente correcto tienes que tener “tu casa muy limpia”. No puedes defender que todos cumplan las normas establecidas mientras que tú haces lo que te viene en gana. Es lo que vulgarmente se conoce como “la ley del embudo”. Lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.

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Esto viene a colación por las diferentes publicaciones y comunicados que colectivos, denominados sindicales, han emitido respecto a la gratuidad de los trabajos realizados por, en este caso, bailarines en la Gala de los Premios Goya y otros eventos. Uno de los colectivos que integra la confederación autora de dichos manifiestos, Conarte, y que supuestamente debería estar constituida por federaciones y no por sindicatos artísticos independientes, aunque esto sería otro tema, es la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, quien firma un documento en el que antepone, por encima de todo, la dignidad laboral de los bailarines.

Este colectivo, que hoy día no representa al colectivo dancístico de nuestro país, y ni siquiera de la comunidad autónoma a la que pertenece, hace años, tuvo contratado personal administrativo. Actualmente también lo tiene.

En el año 2004 hizo un contrato a un administrativo. En el contrato figura que la jornada será a tiempo completo (40 horas semanales de Lunes a Viernes) con los descansos que establece la ley. Así se firmó de común acuerdo. Pasado el tiempo y tras la necesidad de pedir una vida laboral por parte de nuestro protagonista, puede comprobar, advertido por un funcionario del servicio de empleo competente, que la cotización que la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid había hecho por este trabajador había sido tan sólo del 75%, independientemente del contrato firmado.

Esta situación se dio cuando entre sus órganos de gobierno estaban nombres como Alberto García Vidal, Willy Arroyo, Mercedes Zúñiga, Javier García Ávila, Margaret Jova, y quien en la actualidad ostenta el cargo de presidente de la citada entidad, César Casares. Seguro que ninguno de ellos conocía esta situación.

Llamativa es la posición de estos “pseudo” sindicatos, cuya parte de sus ingresos provienen de entidades públicas, en concreto del Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid, cuyas sumas no redundan en el beneficio del colectivo en general ya que no se publican los informes oportunos de actuación y los objetivos conseguidos durante años. No sólo sus dirigentes deben retuitear y compartir las informaciones que son ajenas a la entidad y de las cuales se pueden beneficiar sus asociados. Es importante exigirles la creación de acciones propias más allá del caduco y apolillado entrenamiento diario de profesionales de la danza, “subvencionado”, y por el cual los asociados tienen que aportar 6,00 euros por clase. Si los profesionales se encuentran en paro podemos dudar mucho que tengan 144 euros al mes para poder mantenerse en condiciones óptimas.

¿#Juntos somos más fuertes? Continuará…

 

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